23 de septiembre de 2014

Todos los caminos llevan a Roma

El 14 de marzo del año pasado, al día siguiente de la elección del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio como jefe de la Iglesia Católica, los compañeros agrupados en la Corriente Causa Popular hicimos conocer una declaración que titulamos Gozo y esperanza para el pueblo latinoamericano”. En ella decíamos: No nos mueve a este júbilo otra cosa que compartir con millones de compatriotas del continente esta extraordinaria oportunidad que se presenta para que los graves problemas económicos y sociales de nuestra Patria Grande tengan expresión en uno de los sitiales más prestigiosos e influyentes del mundo. Más allá de toda cuestión religiosa, confesional o corporativa, es auspicioso que el primer Papa de la Iglesia Católica no europeo sea un latinoamericano, hijo de esta ciudad de Buenos Aires, conocedor de sus barrios humildes y comprometido con los intereses y expectativas de los más pobres de nuestra patria”.
También sosteníamos que La elección del primer Papa no europeo, del primer Papa latinoamericano, del primer Papa jesuita y del primer Papa en elegir el nombre de Il Poveretto, Francisco de Asís, el enemigo declarado de la corrupción y el lujo de la curia romana, abre una enorme expectativa. La Iglesia, acosada por la corrupción y sumergida en una crisis carismática se enfrenta a cambios culturales y sociales que gran parte de la grey católica siente necesarios”.
Al pronunciarnos de esa manera no ignorábamos que una buena parte de la opinión caracterizada como “progresista” vinculada al gobierno repudiaba el nombramiento y llegaba a sostener que el mismo era una herramienta del imperialismo para destruir los avances logrados por nuestro continente a partir de la entrada en el nuevo siglo. Conocíamos la opinión de algún periodista considerado influyente en las decisiones de gobierno y tuvimos oportunidad de escuchar el sermón laicista con que un grupo de intelectuales y universitarios oficialistas recibió la noticia. Sabíamos también, como no podía ser de otra manera, que había habido rispideces en la relación entre el Arzobispo de Buenos Aires y el presidente argentino Néstor Kirchner. Pero también conocíamos, directa e indirectamente, sus convicciones latinoamericanistas, su dedicación a los más desposeidos y sus ideas políticas inspiradas en el pensamiento nacional y popular del peronismo.
Y estábamos convencidos que ni Monseñor Jorge Bergoglio, ni la doctora Cristina Fernández de Kirchner llevarían sus rencillas parroquiales al más alto y amplio plano de la política internacional y el nivel de universalidad que es jurisdicción del obispo de Roma. Las peleas y riñas entre don Peppone y don Camilo -de las populares películas italianas de posguerra, inspiradas en la novela de Giovanni Guareschi- no podían ser llevadas al Vaticano o a las Naciones Unidas. El castigo era el ridículo.
A un año y medio de esa declaración no podemos menos que celebrar el haber confiado en que el profundo sentido nacional de ambos argentinos y sus firmes principios de justicia social y de condena al régimen del imperialismo -militar, político, económico y financiero- los iba a sentar juntos para encarar, a nivel mundial, los problemas generados por éste.
La publicación de la carta apostólica Evangelii Gaudium confirmó el sentido que tendría el papado de Francisco. Sus planteos de justicia universal y sus denuncias al flagelo del capitalismo financiero sobre los pueblos del mundo, la convirtieron en el principal texto en contra del establishment mundial del siglo XXI. Jorge Bergoglio, como tampoco lo había hecho Néstor Kirchner, no dejó sus convicciones en las murallas del Vaticano.
Lo ocurrido en estos últimos días ha coronado estos puntos de vista. La digna política internacional de nuestro país respecto a los fondos buitres y la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU, la sanción de la ley destinada a cambiar el domicilio de pago de los deudores reestructurados culminó con la invitación papal a almorzar dirigida a la presidenta argentina aprovechando su viaje a Nueva York -como si fuese de paso-.
Mientras los sectores sedicentemente católicos de Recoleta y Pilar eran engañados por Clarín y La Nación – con la colaboración de expertos vaticanólogos como Felipe Solá y Lilita Carrió- con la mentira de que Francisco sólo estaba preocupado por la gobernabilidad y quería que Cristina pudiese llegar al fin de su mandato, una jovial, numerosa y afable delegación de 32 argentinos con distintas responsabilidades de gobierno entraba a Santa Marta y entregaba “souvenirs”, más que presentes, al Papa. Una remera de la Villa 21-24 (la Villa que frecuentaba el padre Jorge) firmada por La Cámpora, un cuadro de Evita Perón, un retrato del padre Carlos Mujica, el cura villero mártir por sus convicciones sociales, y hasta salamines de la provincia de Buenos Aires convirtieron el encuentro en una reunión que, mejor que nadie, definió el amargado columnista de La Nación, Mariano Obarrio, en un “twitter”: El Gobierno logró la escena perfecta. La foto de Francisco, CFK, La Cámpora y dos cuadros de fondo: Eva Perón y el Papa. Todo muy partidario”.
El resultado ha sido que Francisco apoya y sostiene con todo el peso de su autoridad espiritual la campaña argentina contra los fondos buitres y nuestra presidente viajó a Nueva York con el texto del parágrafo 56 de la Evangelii Gaudium en su carpeta:
Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. No a un dinero que gobierna en lugar de servir”.
Dijimos hace un año y medio: Cuando Europa se desbarranca en una crisis espiritual, social, económica, cultural y política el continente de los tucanes y las orquídeas, el continente de Bolívar y San Martín ha proyectado a uno de sus hijos a un sitial de honor y tremenda responsabilidad”.
Hoy, con la misma alegría y esperanza que entonces, podemos ratificarlo e incluso precisarlo. Este Papa porteño que vive en Roma, contrariamente a la canción de Los Quilapayún, no le están degollando a su paloma. Se ha lanzado a luchar por los pobres del mundo, por la soberanía de los pueblos contra la predación del capital financiero. Y el gobierno de Cristina, así como los gobiernos populares del continente, han encontrado un aliado confiable y seguro.
La oposición mediática le seguirá dictando mentiras a sus seguidores y la oposición política se enredará aún más en su desconcierto y desasosiego. Es evidente que hay una nueva relación de fuerzas, que no está dicha la última palabra y que la agenda presidencial, que es la que continúa rigiendo en la vida política del país, nos va a dar muchas nuevas sorpresas.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014

10 de septiembre de 2014

Un sedicente roquista confunde a Drago con Espert


El diputado del PRO de origen conservador Federico Pinedo se jacta de ser un heredero de la acción del dos veces presidente argentino Julio Argentino Roca. En el día de hoy ha dado a conocer este punto de vista sobre el tema de la deuda y los fondos buitres: “Vos no aumentás tu soberanía incumpliendo tus obligaciones. Lo que hacés es darle la soberanía a los buitres y a los jueces extranjeros. Lo que están haciendo es disminuyendo soberanía, no aumentándola. El que crea que va a progresar en la vida incumpliendo su palabra no tiene mucho sentido”.

Como mi aprecio por el General Roca es que tengo en común con él, y con el General Juan Domingo Perón, por otra parte, quiero expresar que ese modo de pensar no fue nunca el del hombre que venció al mitrismo secesionista de Buenos Aires.
En el mes de diciembre del año 1902, cuatro años después de asumir por segunda vez la presidencia de la República, el canciller de “El Zorro”, como se lo llamaba a don Julio, se lanzó a una compaña mundial repudiando el ataque militar a los puertos de Venezuela por parte del Reino Unido y Alemania, entre otras potencias de la época, a raíz del “default” de su deuda externa por parte del presidente de aquel país latinoamericano, Cipriano Castro. Lejos de perorar moralmente sobre el incumplimiento de la palabra y zonceras similares, que en las relaciones internacionales tienen tanta importancia como las buenas maneras en un frente militar, Roca y su ministro se lanzaron a explicarle a la comunidad internacional la naturaleza específica de las deudas soberanas y de los estados deudores. Decía, entonces, el canciller Drago: Entre los principios fundamentales del Derecho Público Internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras, por ello, a las mismas consideraciones y respeto.

El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su importe, pueden y deben ser hechos por la nación, sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad soberana, pero el cobro compulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su Gobierno con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la tierra” (el subrayado es nuestro).

Y en su apoyo recurría al mismísimo Alejandro Hamilton, uno de los teóricos del estado norteamericano: “Otros son los principios proclamados en este Continente de América. 'Los contratos entre una nación y los individuos particulares son obligatorios, según la conciencia del soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva' -decía el ilustre Hamilton-. No confieren derecho alguno de acción fuera de la voluntad soberana”


Como se puede apreciar, ninguna monserga propia de un representante de los acreedores, como, por ejemplo, Espert, ensuciaba la prosa del ilustre conservador de aquellos años.
  
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014

Una nueva luz de justicia para los pueblos

En una nota publicada el 28 de junio pasado (¿Es necesaria una nueva doctrina Drago?) sosteníamos que la situación generada por el atrabiliario fallo del juez municipal neoyorquino Thomas Griesa, a favor de los fondos buitres, estaba clamando por una decisión en el derecho de gentes que restableciera la preeminencia y majestad de los estados nacionales y sus decisiones por sobre intereses financieros globalizados. Decíamos que era necesario adoptar, por parte de la comunidad internacional de Estados, en el espíritu de los Tratados de Westfalia,una nueva doctrina Drago, una actualización que ratifique la soberanía nacional por encima de los crapulosos y minoritarios intereses especulativos y condene estas maniobras”.
Las Naciones Unidas, impulsadas por Argentina y el G77+China, acaba de aprobar, por abrumadora mayoría, la apertura de una discusión sobre el establecimiento de un marco jurídico legal a nivel global para los procesos de reestructuración de deuda soberana.
Ese resultado con 124 votos a favor, 41 abstenciones y un oligárquico bloque de 11 votos en contra debe ser considerado como una imponente victoria diplomática y política de la Argentina y su gobierno. Esta nueva doctrina, que la historia posiblemente conozca como Doctrina Fernández de Kirchner o Timmerman, parte del reconocimiento del derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda soberana, que no debe verse frustrado u obstaculizado por las medidas adoptadas por otro Estado”.
Reconoce, además, que “los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados u obstaculizados por los acreedores comerciales, incluidos fondos de inversión especializados como los fondos de cobertura, que adquieren deuda de Estados altamente endeudados con fines especulativos en los mercados secundarios a precios con grandes descuentos con la intención de litigar para tratar de obtener el reembolso de la totalidad del valor”. Por primera vez, entendemos, las Naciones Unidas tipifican en términos de derecho internacional a los fondos buitres, explicitando su naturaleza especulativa y chantajista.
Pero la resolución observa también que “los acreedores privados de deuda soberana son cada vez más numerosos, anónimos y difíciles de coordinar, que hay diversos tipos de instrumentos de deuda y que se emite deuda en una gran variedad de jurisdicciones, lo que complica la reestructuración de la deuda soberana”.
En estos dos últimos párrafo está implícito un reconocimiento de una nueva realidad política que no puede queda sometida simplemente a las leyes y jueces civiles o comerciales de un país determinado, tal como si se tratase de la presentación de un cheque o un pagaré entre acreedores y deudores privados.
Pero, no solo esto, sino que la resolución reconoce “con preocupación que el sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico riguroso para la reestructuración ordenada y previsible de la deuda soberana, lo que aumenta aún más el costo de incumplimiento”, así como “la necesidad de crear un marco jurídico que facilite la reestructuración ordenada de la deuda soberana, que permita restablecer la viabilidad y el crecimiento sin crear incentivos que aumenten inadvertidamente el riesgo de incumplimiento, y que sirva de elemento disuasorio para que los acreedores no entablen litigios desestabilizadores durante las negociaciones de reestructuración de la deuda soberan”.
La resolución se hace cargo, entonces, del vacío normativo, que en derecho internacional tiene siempre una base política, y acompaña de manera explítica los reclamos efectuados por la Argentina y su gobierno, en el sentido de darle una entidad política y no meramente comercial a la situación planteada por el juez Griesa.
En ese sentido, también de modo explícito, la resolución destaca “la importancia de establecer un conjunto claro de principios para gestionar y resolver las crisis financieras que tenga en cuenta la obligación de los acreedores de deuda soberana de obrar de buena fe y con espíritu de cooperación para pactar una reorganización consensuada de la deuda de Estados soberano.
Buena fe y espíritu de cooperación de parte de los acreedores”, reclaman las Naciones Unidas y dan un paso gigantesco en el sentido de los intereses de los pueblos y naciones sometidos durante los últimos cuarenta años al chantaje de la deuda externa.
Se está forjando, como pedíamos, una nueva doctrina Drago, a poco más de 100 años de su sanción por la Corte Internacional de La Haya en 1907, sobre la base de la dignidad y firmeza de una gobierno que ha dado muestras claras de no estar dispuesto a continuar siendo avasallado por la ley del interés compuesto.
Una nueva luz de justicia se ha prendido en el horizonte de los pueblos semicoloniales en rumbo a su independencia definitiva.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014.